Como era de esperarse y salvo dos honrosas excepciones, todos los diputados de Morena y partidos afines votaron a favor de la reforma que traslada los organismos del agua a los ayuntamientos de Baja California.  Antes de despedirse, la mayoría en la XXIII legislatura dio una muestra más de la docilidad que les caracterizó estos dos años. 

El gobernador nunca tuvo la necesidad de presentar iniciativas para su análisis y discusión, simplemente giró órdenes a sus diputados.  En el Congreso del Estado no hubo independencia ni ideas propias, solo servilismo e intereses, características que lamentablemente podrían subsistir en la nueva legislatura, en la que repiten algunos incondicionales y aparecen personajes de la calaña del codicioso Marco Antonio Blásquez.

Volviendo al tema del agua, hay qué reconocer que el gobernador no titubeó para llevar a la realidad una decisión tomada desde hace tiempo; pero entre eso y la certeza de que la población saldría ganando con la transferencia, hay un largo trecho.  Esta medida, sin un estudio serio y transparente de las condiciones financieras en que comenzarán a trabajar las próximas administraciones, tendría un impacto tan profundo que aún no se alcanza a dimensionar. 

Cuando le preguntaron al señor Jaime Bonilla si la propuesta (como uno supone debería ser entre copartidarios) había sido concertada con la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila, respondió con su proverbial autosuficiencia que “no le tenía que pedir permiso a nadie”.  Una respuesta que alimentó las dudas sobre la relación entre ambos y la eventual continuidad de los programas de gobierno.

Este domingo, la próxima gobernadora de Baja California marcó su distancia y confirmó sus diferencias, manifestando que el Congreso actuó a destiempo, incumpliendo con el debido trámite parlamentario.  Consideró posible que la reforma sea revertida en la Suprema Corte, por inconsistencias y errores en el proceso.  Una pifia más a la lista y un revés a las intenciones del gobernador.

Aparte de los problemas financieros para los gobiernos entrantes, la iniciativa del gobernador heredaría -en estos tiempos- más problemas que soluciones.  Hay decenas de amparos y denuncias pendientes por cobros excesivos o irregulares.  La controvertida empresa Fisamex, brazo ejecutor del señor Bonilla para ajustar cuentas con deudores del agua y adversarios políticos, difícilmente conservará su contrato al entrar la siguiente administración.  Tampoco es del agrado de la gobernadora electa la pretensión de prolongar la gestión del fiscal general del estado y ya declaró que devolverá el nivel de secretarías al turismo, la pesca y el medio ambiente. 

Así las cosas, todo indica que presenciaremos una transición poco tersa, ya que la próxima administración estatal no parece tener la intención de convertirse en una extensión del actual gobierno.

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