Ernesto EslavaActualmente hay disponibles 8 de los 21.5 millones de pesos, autorizados para 2018, que deben ser destinados para el diagnóstico de adicciones en Baja California. Han pasado 4 meses del año y no se sabe para cuándo se hará la evaluación ni quién la hará.
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Se debe reconocer que sí es indispensable gestionar mayores recursos para aumentar infraestructura humana, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales en el sector salud, pero lo sospechoso es que el diputado que lo exige sea Miguel Osuna Millán, exdiputado federal y exsecretario de salud durante la gestión de Francisco Vega De Lamadrid. Con la exigencia, el hermano del exgobernador José Guadalupe, hace evidente que además de la aplicación debe quedar transparente cómo se ejerce y quién lo hará.
La media nacional por consumo de drogas ilegales es del 4.8%, en Baja California se presume que es del 6.6% entre la población económicamente activa. En el presupuesto aprobado para 2018 hay un apartado que confirma la existencia de un recurso de 8 millones para conocer la incidencia real de las adicciones en Baja California.
“Es tarea de los diputados vigilar que se cumpla, por ello, sirva esta intervención como recordatorio al Secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, para que a la brevedad se atienda este tema vulnerable antes de que se vea afectado mayormente el tejido social”, refirió exsecretario de salud, Osuna Millán.
El recurso aprobado para 2018 es de 21.5 millones de pesos de los cuales 8, son para el diagnóstico.