“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto…” así lo dice el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que además señala que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

Tal afirmación y derecho fue consagrado desde el 10 de diciembre de 1948, en un documento de fundamental importancia para los derechos humanos, en el que coincidieron muy diversos actores de todo el mundo y ha sido base para diversos instrumentos internacionales y nacionales.

Por su otra parte, la ONU al aprobar la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, contempló en su objetivo 16, como una meta el “Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades…”

Si el derecho, tanto a participar en la designación de quienes habrán de conducir los asuntos públicos de un país, como a ser elegido una de estas personas reviste tal importancia, entonces porqué en Baja California con un padrón electoral de 2,923,001 personas capaces de asumir tan magnifico derecho, solo se interesaron y lo materializaron 810,185 es decir un 38.50% (según cifras del Instituto Estatal Electoral de Baja California)

Asumo que es un mal de muchos, siempre tener más preguntas que respuestas, pero es importante pensar cuáles son los factores que llevan al 61.5% de la población a no participar en este ejercicio fundamentalmente ciudadano, de deber cívico y que constituye el núcleo mismo de los gobiernos que se cimentan en la voluntad popular, la participación ciudadana, el derecho a votar, así como el derecho a ostentar y ganar una candidatura está intrínsecamente unido a otros derechos, es fundamental para proteger y promover una amplia gama de derechos humanos.

El ejercicio de los derechos electorales implica la manifestación de nuestras ideas y opiniones, el derecho a la libertad de asociación y reunión pacifica, así como el derecho a vivir libre de discriminación.

¿Entonces? ¿Por qué menospreciar esa valiosa oportunidad? Se trata de hartazgo, desconfianza, inseguridad, incredulidad.

Vuelvo al artículo 21 que referí al iniciar y me pregunto, ¿acaso no se consideran elecciones auténticas, el voto no es igual, no ha sido secreto, no lo podemos emitir en libertad? O peor aún, ¿cómo sociedad no estamos convencidos de que nuestra voluntad es la base de la autoridad del poder público?

Más allá de los resultados y de qué partido llega a ejercer ese poder que le confiere la voluntad popular a través del voto, queda mucho por discutir sobre las verdaderas y más profundas causas de los porcentajes de participación ciudadana en esta jornada electoral, no solo en nuestro estado, si no en el país, que, si los comparamos con otras naciones, por ejemplo, las europeas que llegan a tasas arriba del 90%, un 38.50%, aún un 51% a nivel nacional es muy baja.

Sin duda es de celebrarse que, para ser unas elecciones intermedias, denominadas las más grandes de la historia de México, tuviéramos un aumento en el porcentaje de ciudadanía que emitió su sufragio, no obstante, no perdamos de vista que queda mucho por hacer.

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