Periodistas radicados en Mexicali, Baja California, agrupados en las diferentes organizaciones y sindicatos, expresamos públicamente nuestro malestar y descontento, por los asesinatos cometidos en contra de comunicadores tijuanenses y exigimos a las autoridades, federales, estatales y municipales, sacudirse el marasmo burocrático, para extender, de una vez por todas, una verdadera estrategia enérgica y con resultados, en contra de la delincuencia que se observa generalizada en todos los municipios de Baja California.

Los asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, con reconocida trayectoria periodística en la región, aunado a la violencia generalizada en la entidad, nos hacer ver la triste realidad: en Baja California, se ha rebasado a la autoridad en materia de seguridad pública.

Ha sido tangible que, para nada ha servido la presencia de cada vez más elementos policiacos en los cuarteles de la Guardia Nacional, pues no se ha visto reducida la actividad delincuencial que se vive en todos los municipios.

Los delincuentes, debidamente organizados para promover el caos en las ciudades y zonas rurales de la entidad, gozan de la impunidad que les otorga la lentitud con la que se construye el andamiaje de la naciente Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California cuyos planes y proyectos estratégicos, quizá lleguen cuando sea demasiado tarde.
Respetuosamente solicitamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la Gobernadora Constitucional de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda atender esta denuncia, la cual no es solo de periodistas y comunicadores, sino de la sociedad en su conjunto, porque ahora ya no “se están matando entre ellos”, como han venido justificando las autoridades, estas atrocidades que se han convertido en una constante en nuestras ciudades.

Mexicali, Baja California 23 de enero de 2022.

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