El gobierno de México presentó esta semana una demanda civil contra once empresas fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos, al considerar que sus prácticas comerciales negligentes han facilitado el tráfico ilegal de armas.  México importa legalmente armas desde diversos países, para pertrechar a sus fuerzas armadas y cuerpos policiales, pero el tráfico ilegal a través de puertos y fronteras ha estado por años fuera de control.

La corrupción y el poco eficiente filtro fronterizo permiten el ingreso de todo tipo de armas, adquiridas por los grupos criminales que se han adueñado de regiones enteras del país.  Algunas estimaciones hablan de la introducción ilegal de más de 340 mil armas por año desde Estados Unidos; pistolas, fusiles de alto poder, lanzamisiles, municiones, todo pasa por nuestras aduanas.

Ante la incapacidad de contener el flujo de armas y el avance de la violencia, que se refleja en un promedio sostenido de cien asesinatos por día, el gobierno mexicano hace un intento por compartir responsabilidades con su vecino, al tiempo que distrae la atención.

Consciente de las condiciones en las que iniciaría su gobierno, el presidente López Obrador prometió pacificar el país a través de una estrategia humanista, “sin disparar más balas”, apoyando con becas a los jóvenes para reducir su inclusión en el mundo criminal, así como una ley de amnistía y reducción de condenas para delincuentes de bajo rango.  A la fecha, nada de eso ha logrado disminuir significativamente los índices de violencia.   

Todas esas armas, con las que lucran sin recato los comerciantes estadounidenses, han llegado directamente a los arsenales del crimen organizado.  La impunidad y ese poderío bélico tienen a los mexicanos contra la pared y al gobierno de rodillas.  Estados Unidos pone las armas y México los muertos.

Sacar adelante el litigio iniciado en una corte federal de la ciudad de Boston, Massachusetts, no será cosa fácil ni rápida y probablemente no lleve a ninguna parte.  El gobierno mexicano estima que los daños provocados por las armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos equivalen a cerca del 2 por ciento del Producto Interno Bruto.  De ahí que, en la demanda, se pide a los productores una compensación de al menos 10 mil millones de dólares.  Se ve complicado.

Concediendo el beneficio de la duda y aceptando que, efectivamente los armeros estadounidenses tienen su parte de complicidad en los niveles de violencia que se registran en México, la terca realidad dice que es momento de dar un giro a las políticas internas y las estrategias de seguridad. 

Mientras el gobierno insiste en buscar responsables en cualquier lugar, menos dentro del gabinete, la sangre sigue corriendo. 

Esta semana, el presidente aceptó el desafío de disminuir la ola de violencia.  Ya es hora de dar resultados.

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