Las imágenes registradas este sábado en la frontera sur de México, hicieron que centráramos nuevamente la atención sobre el fenómeno migratorio.  Actuando con excesiva fuerza, agentes de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración golpearon a migrantes cubanos y centroamericanos, que pretendían iniciar su recorrido hacia el norte.  “Seguiremos conteniendo la migración a Estados Unidos”, declaró el presidente López Obrador, durante su gira por Chiapas. 

Hace unos días fue reactivado en Estados Unidos el Protocolo de Protección al Migrante (MPP), por orden de la Suprema Corte, de manera que México se ve obligado nuevamente a albergar a los migrantes que solicitan asilo humanitario en el país vecino.  Este programa fue acordado en 2019 por los presidentes Trump y López Obrador, convirtiéndonos en la sala de espera de las autoridades migratorias estadounidenses.  Y no solo eso, nuestros vecinos reanudaron la deportación inmediata de connacionales por la frontera, a un ritmo de 400 por día, nada más por Tijuana.

De muy poco sirve la Guardia Nacional, convertida en patrulla fronteriza, porque el flujo de migrantes de Centroamérica y el Caribe continúa recorriendo el país y llegando a la frontera norte.  Recientemente nos avisaron que Tijuana podría recibir además a algunas de las familias que huyen del terror del régimen talibán, en Afganistán.  Una fundación civil ya prepara un albergue, en caso -dicen- de ser necesario.

El problema crece y la postura centralista sigue siendo la misma. Al igual que los anteriores, el actual gobierno federal no entiende la realidad de la frontera norte y mantiene una posición sumisa ante el vecino.  Desde Palacio Nacional, hacen acuerdos o reciben instrucciones de la Casa Blanca, pero no desarrollan un plan ni envían los recursos necesarios.

Pasan los meses, los albergues se saturan y la situación en el campamento de El Chaparral no mejora; el hacinamiento, la insalubridad, el narcomenudeo y la inseguridad hicieron presa de los migrantes, ante la actitud indolente de las autoridades federales. No queda claro en qué consiste el acuerdo entre ambos países.  Por lo que vemos, se entiende que Estados Unidos decide y México acata en la medida de sus muy limitadas capacidades.  El canciller Marcelo Ebrard repite una y otra vez que Estados Unidos debe levantar ya las restricciones a los cruces no esenciales y que México hace lo posible por reducir el número de contagios de Covid-19.  En respuesta, Washington mantiene sin cambio el cierre parcial desde hace 18 meses, reactiva el protocolo de protección a migrantes y acelera las deportaciones por la frontera. 

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