Inhabilitar de por vida a funcionarios corruptos es la ley que podría aprobarse en Baja California. En el congreso estatal se conoce como pena de Muerte Civil, impulsada por el diputado Carlos Torres Torres.
Supuestamente, durante la próxima sesión ordinaria pondrá a consideración de la asamblea una iniciativa que tiene por objeto inhabilitar de por vida para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales, a los servidores públicos y particulares, que se les haya comprobado participar en actos de corrupción.
El objetivo es sancionar tanto a personas físicas, así como empresas privadas, que hayan sido condenados por actos de corrupción.

“Sabemos que son mínimos los antecedentes de legislación que sobre este tema existen en nuestro país, tampoco soy ajeno a que la propuesta debe ser producto de un análisis a conciencia de revisar todas las variables y riesgos”, comentó Carlos.
En donde exista la desconfianza en las instituciones, lo que ha ganado el mote de “el país del no pasa nada” y en el que la impunidad, la injusticia y la simulación prevalecen, por lo que es necesario erradicar de raíz las causas.
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Los legisladores y la sociedad han entendido que la gente desea una cara diferente de sus instituciones de gobierno e hizo notar que, aunque está muy reciente el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, replanteamiento o reforzamiento a leyes en materia administrativa y de fiscalización, esta iniciativa pretende ser una medida adicional que refuerce esta línea y medidas.
