82 años y seis meses de prisión es la sentencia en contra de Marco Antonio González Ramírez, por el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil, lo que representa la sentencia más alta a nivel nacional por un delito de este tipo.

A través de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de la FGJEM y de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional se acreditó la participación de este sujeto en el delito que se le imputa, por lo que la Autoridad Judicial le fijó además una multa de 7 millones 794 mil 202.50 pesos por concepto de reparación del daño a favor de la víctima, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

La carpeta de investigación inició cuando la Fiscalía de Trata de Personas recibió una denuncia realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la división de la Sociedad Humanitaria Internacional de los Estados Unidos (ICE/HSI por sus siglas en inglés), por un reporte sobre la utilización de dos plataformas sociales donde fueron localizadas diversas imágenes de posible producción de pornografía infantil, en las cuales se observaba a varias personas menores de 18 años en actos de exhibicionismo corporal o sexual.

Algunas de estas imágenes contaban con datos de creación y ubicación de los lugares en los que fueron tomadas esas imágenes, que pudieron haber sido originadas entre abril de 2018 y abril de 2019 en el municipio de Coacalco.

Con los datos obtenidos en la denuncia y los reportes generados por las redes sociales Google y Facebook, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional se avocó al estudio y análisis de las imágenes reportadas a través de diversas especialidades como Antropología Forense, Psicología Forense y Medicina Legal, con lo que se pudo identificar con certeza que en dichas imágenes aparecían personas menores de 18 años, en su mayoría niñas realizando actos de exhibicionismo corporal o sexual.

Al tener certeza de que se trataba de pornografía infantil, se dio intervención al Centro de Delitos Electrónicos Contra Menores (CENADEM) de la Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional, quienes fueron los encargados de analizar la evidencia digital e investigar el origen de la misma y con el asesoramiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norte América de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia (OPDAT), se logró obtener el nombre del investigado y el origen de la señal a través de las IP de los equipos de telefonía que utilizaba.

Con los datos recabados y proporcionados por CENADEM a esta Representación Social, dio participación a personal de la Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional, quien a través de la Dirección General de Investigación de Delitos Federales localizaron los inmuebles en los que el investigado realizaba las fotografías y videos, uno de ellos fue ubicado en la colonia El Laurel, en el municipio de Coacalco, en el Estado de México.

Con los datos de prueba recabados y aportados, se solicitó a un Juez una orden de cateo, misma que se otorgó y se cumplimentó de manera simultánea en dos domicilios.

En el primero, ubicado en la colonia El Laurel se logró la captura y detención del investigado y el aseguramiento de diversos dispositivos de almacenamiento electrónico con imágenes y videos de pornografía infantil, que presuntamente habría tomado, grabado y producido por el investigado mismos que fueron localizados y embalados por peritos de Guardia Nacional.

Por otro lado en el cateo realizado en otro domicilio en la colonia El Gigante, de este mismo municipio, se logró el rescate de una víctima de 11 años de edad y además el aseguramiento de dispositivos electrónicos, de telefonía móvil y almacenamiento.

Por estos hechos, un Juez dictó la sentencia de 82 años y seis meses contra Marco Antonio González Ramírez, por el hecho delictuoso de trata de personas en las modalidades de pornografía de personas menores de 18 años bajo la hipótesis de producción y almacenamiento con las agravantes de que el acusado tenía una posición de confianza con una de las víctimas y que en su comisión comprende más de dos víctimas, ya que se tuvo por acreditado que este sujeto producía y almacenaba imágenes de índole sexual en la que involucraba a niñas de diversas edades a través de la plataforma Google y red social Facebook.

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