Ahora resulta que el gobierno federal no sabe si las personas queremos que se combata la corrupción.

Desde el pasado 15 de septiembre el presidente de la república presentó una petición de consulta popular al Senado, con el fin de que a las personas se nos pregunte si estamos de acuerdo o no en que se enjuicien a ex presidentes de la República.

En pocas palabras, la consulta popular es un mecanismo que sirve para que las personas decidamos por medio de una votación sobre temas de trascendencia en este caso a nivel nacional. Las consultas las convoca el Congreso de la Unión, o sea diputados federales y senadores a petición de ya sea el presidente de la república; mínimo el 33% de los diputados federales o senadores; o mínimo las firmas del dos por ciento de la lista nominal del país, o sea todos aquellos que tenemos nuestra credencial de elector vigente, que equivaldría a un poco menos de 2 millones de firmas.

El 1 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como constitucional la petición del presidente, y la pregunta que se pondrá en la boleta será: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, a lo que la ciudadanía deberemos de responder sí o no.

Para empezar, garantizar la justicia y los derechos de las personas, no se consultan, se ejercen, lo mismo con la corrupción, que tampoco se consulta; se investiga, se persigue, se combate y se castiga. La actual injusticia se está cometiendo hacia todas las personas, teniendo un gobierno federal que no nos garantiza un estado de derecho, que no podemos desarrollarnos libremente porque vivimos en un país de una impunidad tan grande que se tiene que crear una consulta a nivel nacional para ver si ahora sí empiezan a perseguir actos de corrupción. La respuesta se les dio desde julio del 2018 cuando se votó por este gobierno federal que lo principal que nos prometió fue el combate a la corrupción.

Para qué tenemos dependencias, instituciones, organismos que pueden investigar, evidenciar y castigar actos de corrupción si no las fortalecen ni las dejan trabajar más que a merced del gobierno en turno, porque si nos ponemos a sacar cuentas, desde que formalmente el presidente hizo la petición formal de la consulta hasta este próximo 1 de agosto que será el día de la votación, habrán pasado más de diez meses, bastante tiempo para que se haya trabajado en las investigaciones que se hayan tenido que hacer.

Es muy positivo promover y dar a conocer las diferentes herramientas de la participación ciudadana, como lo es la consulta popular, sin embargo no es lógico que el mismo gobierno la promueva para ver si hace o no algo que es su obligación.

La consulta ya se va a hacer, ya nos va a costar más de 500 millones más la incompetencia y falta de resultados del gobierno federal en turno; sí salgamos a votar, votemos otra vez para que sí se castigue lo que se tenga que castigar, pero no olvidemos que el presidente no trabaja solo, no olvidemos que acabamos de votar por nuevas alcaldías, diputaciones locales y federales, a esas las tenemos más cerca y son las responsables de no seguir un juego vacío, son las responsables de que se dejen de burlar de las personas. Aprendamos a exigirles resultados, a no soltarlos para que nos rindan cuentas y que no huyan de la responsabilidad para la cual fueron votados.

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