El 14 de agosto pasado, días después de los actos terroristas que cimbraron a Tijuana y a Baja California con decenas de vehículos incendiados por las principales vialidades, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, recibía en el Aeropuerto Internacional de Tijuana a 350 nuevos elementos de la Guardia Nacional que el Presidente de la República le envió de inmediato para atender la emergencia de seguridad en la entidad.
Unos diez días después llegarían 500 elementos más de la Guardia Nacional a Tijuana para reforzar los patrullajes por la ciudad que desde hace meses realizan cerca de 4 mil elementos de la Marina y del Ejército Mexicano, según ha informado en su momento la autoridad estatal en Baja California.
No queda muy claro realmente cuál es la cantidad exacta de las fuerzas castrenses que atienden los patrullajes por las calles de Tijuana, la ciudad más violenta del país.
Los esfuerzos de la Guardia Nacional, el Ejército y la propia Marina, poco han servido para contener la violencia en esta ciudad fronteriza, la cual está muy cerca de llegar a los 1,500 homicidios en lo que va del 2022.
Tan sólo en este mes de septiembre que estamos por terminar, Tijuana está próxima a los 170 asesinatos, colocándola de nueva cuenta como la ciudad más violenta de México.
Esta realidad sin duda refleja desde hace muchos meses atrás una falta de estrategia integral de prevención y combate a la delincuencia, que lo hemos venido diciendo desde que Monserrat Caballero Ramírez asumió la Alcaldía de Tijuana.
Para nadie es un secreto lo difícil que ha sido poder coordinarse con la Gobernadora de Baja California, lo mismo da dejarla fuera de los eventos presidenciales donde Andrés Manuel López Obrador ha estado presente en Tijuana, como en las mesas de seguridad desde donde las fuerzas militares toman las decisiones para enfrentar al crimen.
Aislada y confiada en el trabajo de su Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Fernando Sánchez Gonzalez, Monserrat Caballero no ha podido librar el tema de la inseguridad en la ciudad.
Hace unos días fue cuestionada severamente sobre el asesinato del joven Kevin, a quien cobardemente le quitaron la vida en el canal del Río Tijuana.
Tras encontrarse el cuerpo violentado del menor, la Alcaldesa lanzó la bola de responsabilidad de la seguridad del canal a la federación y al estado, asegurando que no es responsabilidad del municipio la canalización.
Sin embargo, diversos sectores de la población criticaron esas declaraciones y le recordaron que por ley es el municipio quien debe prevenir que ese canal esté libre de criminales y delincuentes que ahí viven desde siempre.
Pero lo peor para la Alcaldesa estaría por llegar esta misma semana al declarar que a su consideración el “operativo anti-homicidios” que encabezan las fuerzas armadas en Tijuana no está funcionando al cien por ciento.
La declaración de la primera edil tijuanense viene sin duda a corroborar de nueva cuenta que en materia de seguridad pública ha sido relegada en Baja California, quedándose absolutamente sola y sin una coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.
No sabemos hasta qué punto las declaraciones de la Alcaldesa pudieran calar en la sensibilidad y voluntad política de la Gobernadora de Baja California para cambiar el rumbo a unos días precisamente en que está por cumplir su primer año de Gobierno.
La inseguridad es un lastre en la ciudad, por más esfuerzos que la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana realiza, la verdad es que los números de homicidios dolosos no dejan de aumentar, sino todo lo contrario, tienen muy preocupados a muchos sectores de la población.
Esta semana, la Alcaldesa emprendió una estrategia de socialización de la seguridad, acercándose a algunos sectores de la sociedad para tratar de enmarcar logros de su Gobierno que durante los primeros 12 meses dejan mucho que desear.
Colocada como la penúltima Alcalde peor evaluada en Baja California, Monserrat Caballero debería en estos momentos de estar enfocada en hacer los primeros cambios en quienes llevan las riendas de la estrategia de seguridad en Tijuana, que dicho sea de paso ha sido muy cuestionada por los escasos resultados a pesar de los diversos esfuerzos porque las cosas mejoren.
El XXIV ayuntamiento de Tijuana está por cumplir su primer año, envuelto en varios escándalos públicos y cambios de funcionarios, renuncias y relevos que a juicio de la Alcaldesa son necesarios para corregir el rumbo de su administración, a sabiendas de que el 2024 está cada vez más cerca y la posibilidad de reelección se le esfuma cada vez más de las manos.