Ismael Estrada MaldonadoEn estos tiempos tan complicados que en materia de seguridad pública enfrenta nuestra querida Tijuana, la población en la medida de sus posibilidades, está extremando sus respectivas precauciones, sobre todo al momento de salir de casa, porque desde el momento en que la puerta de cada hogar se abre, la esperanza de regresar con bien, sanos y salvos es una de las principales preocupaciones de las familias tijuanenses.
La incidencia delictiva va siempre un paso al frente, modernizándose en su forma de operar, ya no sólo en el crimen organizado sino también en el delito común como es el caso del robo a casa habitación, el robo de autos y por consecuencia, asaltos en las calles y en el transporte público.
Es en este último rubro, en el transporte público donde la gente, preocupada por los asaltos, hace un esfuerzo por no cargar con tanto efectivo, celulares o artículos de valor, precisamente porque esa preocupación es más que latente que en cualquier momento alguien suba y cometa algún asalto.
Pues bien, en estos días el Director del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Baja California (IMOS), Jorge Alberto “Bibi” Gutiérrez, anunció que se está por consolidar la propuesta de que las unidades de transporte público cuenten con cámaras de seguridad para que sea un elemento más en la prevención del delito en la entidad, particularmente en la ciudad de Tijuana.
De entrada, Baja California va muy lento en este tema, dado que ciudades metropolitanas como la Ciudad de México, ya van muy avanzados, no sólo porque desde hace tiempo han implementado herramientas tecnológicas de videoseguridad en taxis y autobuses del servicio público, sino también en el metrobús y autobuses de la red del sistema de transporte administrado por la Jefatura de Gobierno.
Incluso recién en marzo de este mismo año, fue turnada a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa que pretende reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Movilidad, lo que permitiría hacer obligatorio el uso de cámaras de seguridad y chips GPS de geolocalización del transporte público.
Así que esta misma ruta se espera que se siga para Baja California, de tal forma que se dé un salto a la modernidad y permita con esto reforzar los mecanismos de prevención y atención oportuna de los delitos que se cometan al interior del transporte público, como es el caso de los asaltos, o incluso el acoso del cual pudieran ser víctimas los usuarios.
Pero claro que Baja California debería ir incluso más allá, porque si bien la idea de contar con cámaras de seguridad conectadas al C4 o al C2 resulta muy atractiva, de nada serviría si no existe personal específico para atender el monitoreo en tiempo real de las cámaras a instalar en el transporte público, porque definitivamente no estamos hablando de una decena, sino de miles que se requieren para tener la cobertura necesaria.
De otra forma, si bien lo que las cámaras de seguridad graben permitiría en su caso tener elementos probatorios de la comisión de delitos, si el monitoreo en tiempo real por parte de las autoridades policíacas realmente ocurre las 24 horas, entonces habría más probabilidad de detener a los delincuentes.
El Director de IMOS Baja California también debería considerar la instalación de botones de pánico en el transporte público conectados al C4 O C2, como ya ocurre en la CDMX y que permite a los usuarios activarlos en el momento en que se presente un incidente delictivo o alguna emergencia.
Sin embargo, además de ir viendo la parte legislativa que volvería obligatorio este sistema de videovigilancia en el transporte público, se debe considerar la parte presupuestaria, porque para darnos una idea de lo que ocurrió en la CDMX, donde se instalaron videocámaras y botones de auxilio en casi 13 mil unidades de transporte público de 18 rutas concesionadas, se destinaron 280 millones de pesos, monto no menor para un estado como el de Baja California.
La propuesta es buena, llega desfasada y ojalá que se encuentre la ruta de diálogo efectivo y se sumen esfuerzos para que el presupuesto a asignarse a este mecanismo de videovigilancia del transporte público, no resulte un impedimento para que sea aplicado y sobretodo sea efectivo en el combate a la delincuencia. Escríbeme a estrada.maldonado.ismael@gmail.com