Ernesto EslavaLos derrumbes ocurridos desde el 19 de enero de 2018 en Lomas del Rubí es la reciente tragedia en Tijuana que le arrebató su patrimonio a 85 familias, dejando a más de 200 sin hogar y a más de 100 familias en la incertidumbre por los constantes movimientos en el subsuelo. Pero cada que hay lluvia o movimientos de tierra, los colapsos de casas es una constante de la que no se ha aprendido.
Durante los últimos 4 años se han registrado 3 casos con cientos de damnificados en casas ubicadas en la parte alta de cerros que por lluvia, fuga de agua o explosiones han visto colapsar sus hogares ante el debilitamiento del subsuelo. La gravedad es la villana al hacer caer los hogares, pero hay otros culpables que su “delito” puede ser la omisión.
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La regulación en la construcción es lo que se requiere. Una ley que sea responsable y accesible; honesta y estricta, una que se atienda y supervise.
Los ciudadanos podrían tener parte de la culpa por no contratar o solicitar ayuda de arquitectos e ingenieros civiles para construir en colonias populares, en donde se venden predios a libre construcción o invasiones donde se regularizan las tierras en base a costos políticos o presión social. Ahí es compartida la responsabilidad, entre ciudadanos que no toman medidas y por otra, arquitectos e ingenieros que no se han solidarizado para trabajar socialmente por evitar tragedias.
Las leyes y reglamentos que no se supervisan. Hay un exceso en la confianza en que las constructoras harán su trabajo correctamente. Las explosiones en el reciente caso en el que se culpa al grupo Melo exhibe que los permisos aprobados para un desarrollo podrían no coincidir con las acciones que se desarrollaron. El gran dilema en Lomas del Rubí es el abuso de explosiones para abrir espacio para nuevas viviendas.
El claro ejemplo de las leyes que no se aplican o que su interpretación se hace al antojo del constructor son las carentes áreas verdes concentradas en los fraccionamientos. La dimensión de las banquetas y accesos a personas con discapacidad motriz es otra notoria para los nuevos desarrollos con menos de 20 años de vigencia.
Es una culpa compartida, entre autoridades que no supervisan o que facilitan los permisos sin supervisión. Los ingenieros, arquitectos e inmobiliarios y legisladores federales y locales que no han propuesto una iniciativa de ley sensata. Se necesita que se denuncien irregularidades en los proyectos que supuestamente siguen la tendencia mundial de estar a favor del peatón, pero que la realidad contrasta al carecer de espacios comunes, no tener áreas verdes amplias, sin parques y con banquetas con espacios limitados para una persona a la vez. Y los ciudadanos que no hemos aprendido a buscar seguros para nuestros hogares o construimos sin permiso ni asesoría de expertos.