Fernanda Flores AguirreLa semana pasada hablábamos del Sistema Estatal Anticorrupción, el cómo diversas organizaciones y personas solicitábamos al Congreso nos diera unas semanas para que se nos involucrara y no aprobaran un Sistema que en muchos sentidos es a modo.
Y pues pasó, el pasado jueves se reformaron las leyes de tal manera que se nos cierran las puertas a las personas en participar en muchos sentidos.
Se excusaron diciendo que ya urgía y que no se podía aplazar más, y por supuesto que ya urgía aprobarlo, pero al parecer después de cinco años no tuvieron ni tiempo de leer lo que muchas personas propusimos, y decidieron irse por lo que la Gobernadora les mandó hace a penas unas semanas.
Ahora siguen varios puntos, primero, siempre seguir incidiendo porque se reforme y se le de poder a las personas dentro del sistema, con el fin de que quienes entren en los puestos torales como el fiscal anticorrupción, no sean, como siempre, personas que le deban el puesto a quienes se suponen deben investigar y en su momento sancionar.
Segundo, a como dejaron la ley actualmente, que es que la gobernadora y el congreso sean quienes elegirán a los que conformen el sistema, exigir a través de la presión social que se elijan personas capaces, no sólo cuotas o políticos.
Y tercero, uno de los puestos que más olvidamos y no ponemos atención son las regidurías. En éste caso de lo que aprobaron el jueves con el sistema, fue una modificación a la constitución, por lo tanto, los diputados no tienen la última palabra, tiene primero que ser aprobado por la mayoría de los cabildos, la mayoría de los regidores de los municipios de Baja California.
Pensamos que cuando toman una decisión en el Congreso ya es definitiva, pero cuando son modificaciones a la constitución, existe este contrapeso. A los regidores casi nunca les prestamos atención, pero son igual de responsables, son igual de culpables, son igual de cómplices.