Ismael Estrada MaldonadoConforme pasan los días, el campamento de migrantes asentados en El chaparral, se vuelve más complejo y exige mayor atención de las autoridades no sólo municipales sino también estatales y federales, por lo que si bien el reciente censo iniciado por la alcaldesa de Tijuana Monserrat Caballero Ramírez no es suficiente para la solución del problema, sí permitirá tener una radiografía más clara de lo que ahí está sucediendo.
Y es que hasta el momento, el censo realizado arroja una cantidad de 810 migrantes, entre ellos hay mexicanos que vienen del interior del país y también salvadoreños, además claro está de los haitianos que continúan Llegando a esta ciudad fronteriza.
La cifra que arroja el reciente censo del 24 Ayuntamiento de Tijuana está muy lejos de aquellos más de 2000 migrantes que convulsionaron a la ciudad en 2018, y que ante los reclamos ciudadanos por temor a la inseguridad llevaron al exalcalde Juan Manuel Buenrostro a tomar decisiones muy duras para hacerle frente al problema que en ese entonces estaba a punto de salirse de control.
En aquel entonces recordamos cómo el alcalde en turno los llamó “Bola de vagos y mariguanos”, pero curiosamente gran parte de la población coincidió en los señalamientos del Edil, pues en redes sociales eran constantes los vídeos y fotografías que los tijuanenses exponían sobre lo que veían de la caravana migrante que había llegado en su mayoría de El Salvador y Honduras.
Al final, los migrantes fueron retornados a su país de origen, muchos de ellos tuvieron que subir a los autobuses que se dispusieron en su momento para llevarlos a casa, otros más permanecieron en albergues, siendo atendidos por funcionarios públicos municipales, a varios de ellos agrediéndolos verbalmente, humillándolos bajo el argumento de que era la obligación de ellos atenderlos porque así lo marcan los derechos humanos, de los que por supuesto se hacen valer.
Y es ahí el dilema estimado lector, porque son los organismos y defensores de derechos humanos los que están muy al pendiente del trato digno y respetuoso que las autoridades deben dar a todos los migrantes por igual, caso contrario están listos los extrañamientos y las posibles sanciones que pudieran llegar a ser acreedores por una omisión como esa.
En esa encrucijada precisamente se encuentra la alcaldesa Monserrat Caballero, quien sabe muy bien que el tema es demasiado sensible, que los 810 migrantes hasta ahora no son todo el número ni será la cantidad que finalmente habrá de atender su gobierno, ya que todos los días llegan más y más migrantes con la esperanza de obtener asilo en Estados Unidos.
El problema es más complejo del que se creía, resultado del censo ya se arrojaron los primeros casos de menores de edad embarazadas, venta de droga al interior del campamento y otras cuestiones más de seguridad que obligaron a la autoridad municipal a cercar el perímetro en El Chaparral y no permitir el ingreso a quien no tenga en estos momentos una credencial que lo acredite ser migrante.
El censo tiene que ser cuidadoso, evitar que sea el vapor, debido a que es a través de este ejercicio como finalmente se sabrán datos de cuántos hombres y cuántas mujeres, cuántos niños y cuántas niñas, cuántos jóvenes y cuántos adultos mayores, y lo más importante aún, qué tipo de enfermedades se registran y cómo se les va a atender.
Por lo pronto, la alcaldesa de Tijuana ya dio visos de que los nuevos migrantes que estén por llegar serán canalizados a los albergues conque cuenta la ciudad, por lo que difícilmente podrán ingresar más personas al perímetro de El Chaparral.
Los ojos de la opinión pública observan en este momento el actuar no sólo de la edil, sino también de sus secretarios, directores, los regidores del Cabildo de Tijuana, la nueva Gobernadora Marina del Pilar, y por supuesto al gobierno federal que representa Andrés Manuel López Obrador, por cada acción que hagan al respecto seguramente tendrá consecuencias para bien y esperamos que muy pocas para mal, porque el problema no sólo saber cuántos hay, sino también cuánto costará atender esta situación.
Justo ahí, en el cuánto costará atenderlos, es donde se encuentra la preocupación de los gobiernos, porque podrán haber muy buenas intenciones para avanzar en la solución del problema pero no hay que olvidar que para todo eso se requiere de presupuesto, del cual no hay pero debe cubrirse.
En los próximos días, seguramente estaremos viendo la instalación de una mesa de trabajo para la atención oportuna de los migrantes en Tijuana, en donde participarán los tres órdenes de gobierno, organismos y defensores de derechos humanos, albergues y asociaciones civiles pro migrantes, porque es más que necesario poner orden al problema y buscar entre todos la soluciones que cuesten menos pero de los resultados esperados.
Estaremos muy al pendiente de lo que suceda y seguramente lo platicaremos juntos. Escríbeme a estrada.maldonado.ismael@gmail.com ¡nos leemos pronto!