Se puso en pausa el famoso Plan B. Cuando se modifica una o varias leyes, las personas o las partes involucradas en esas modificaciones tienen el derecho a impugnar, en pocas palabras, solicitar que se cancelen los cambios demostrando que es injusta o ilegal.

En el caso de las reformas que integran el plan B, son reformas electorales, es decir, afectan las reglas del juego de las elecciones, y como ya estaban aprobadas y puestas en marcha, el INE y partidos políticos de oposición impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte dijo, se suspende todo hasta que decidamos. Es la Corte la que va a decidir si el plan B es constitucional o no, y tiene la facultad de poner pausa en lo que deciden porque el que siga en marcha el cambio de estas leyes puede “vulnerar de manera irreparable los derechos humanos”, en este caso, los derechos político electorales de las personas.

Recordemos que el próximo año ya tenemos elecciones presidenciales, además se eligen treinta congresos locales, la mayoría de las alcaldías de todo México, nueve gubernaturas, los diputados federales y los senadores, y cambiar las reglas del juego unos meses antes puede dañar tanto el proceso hasta el resultado. Es necesario hacer reformas electorales, quienes hemos participado nos queda más que claro, pero reformas que sean en beneficio de las personas, no en beneficio de quien esté en el poder.

La Corte tiene hasta el 2 de junio para retirar esta suspensión y decidir si el plan B sí va, si no lo decide antes de esta fecha, entonces seguiremos con las mismas reglas del juego para la elección del 2024, reglas que han servido para que las últimas 320 elecciones hayan sido con cero conflictos postelectorales, es decir sin fraudes.

Las reformas que están en pausa, entre otras cosas, favorecen que los servidores públicos usen recursos públicos para promover su imagen o permitirles hacer campaña anticipada sin ningún tipo de sanción, distanciandonos aún más de un piso parejo entre candidaturas. 

Aún así todavía no sepamos qué será lo que decida la Corte, el hecho de que haya podido suspender temporalmente estos cambios y que pueda hacer que no se utilicen para las próximas elecciones, nos demuestra la importancia de que existan contrapesos, organismos que se rijan por lo que dice la ley, y no por lo que dice quien esté sentado en la silla.

Quien tiene la última palabra es la suprema corte de justicia de la nación, y por eso es importante seguir hablando del tema. Tanto para demostrarles a quienes aprobaron este plan B que no nos vamos a olvidar de sus caras en las próximas elecciones, como para a una sola voz exigir que estos cambios no sucedan, y que el INE sí se debe de tocar, pero para fortalecerlo, no para cumplir caprichos personales.

Comentarios