Para que las personas nos podamos graduar y obtener algún título académico, o para conseguir y mantenernos en un trabajo pasamos constantemente por evaluaciones, pero ¿por qué los servidores públicos que elegimos no? Hablemos específicamente de nuestros diputados y diputadas de Baja California, que por cierto ya salen este 31 de julio y entran los que elegimos el pasado 06 de junio.

Se autorizó que en el 2021 el Congreso local tuviera un presupuesto de más de 618 millones de pesos, o sea que cada diputado representa más de 24 millones de pesos, y si lo comparamos con el resto de los Congresos del país, Baja California se encuentra en la posición número dos de presupuesto por diputado, concluyendo que tenemos de los diputados más caros de México.

Además de ser de los más caros, también de los más opacos, ya que acorde al CIMTRA, que es un grupo de asociaciones civiles el cual evalúa y monitorea en materia de transparencia legislativa, de los Congresos peor evaluados se encuentra el de Baja California, con un porcentaje de cumplimiento de sólo 32.8%, totalmente reprobado en sus criterios de transparencia.

La evaluación fomenta una mejora continua, si no fuera por análisis realizados por asociaciones civiles no tuviéramos ningún tipo de evaluación para nuestros servidores públicos, porque pareciera broma, pero actualmente entre diputados se evalúan acorde a cuántas iniciativas presentaron, sin importar si fueron benéficas o si lograron resultados e impacto positivo en nuestro entorno, bien pueden ser iniciativas de relleno o que van en contra de nuestro desarrollo, pero ellos salen con “resultados” positivos de desempeño.

 El 31 de julio tendremos una nueva legislatura en Baja California, algunas caras nuevas, otras no, pero sin duda a todas les tenemos que exigir lo más sencillo pero pareciera lo más difícil que hay, que cumplan con sus responsabilidades, urge que generen métricas; la evaluación de resultados de los servidores públicos debe de dejar de ser en mayoría a percepción, se deben de crear los mecanismos que nos indiquen puntualmente si están o no cumpliendo no nada más con lo que nos prometieron en campaña, sino con las responsabilidades de sus cargos públicos, la razón de ser de sus puestos. Volviendo al ejemplo de los diputados y diputadas salientes, no nada más están reprobados en materia de transparencia, sino también precisamente en una de sus principales responsabilidades, que es la fiscalización del dinero público de nuestro estado. Hace una semana hablábamos de la deuda de más de 40,000 millones de pesos de Baja California, responsabilidad de esta y pasadas legislaturas que han preferido quedar bien con los gobernadores y presidentes municipales en turno en vez de cuidar nuestras finanzas y no permitirles que gasten más de lo que ingresa, han preferido dar la espalda, y en las personas queda con nuestra exigencia y vigilancia si seguimos permitiendo que suceda.

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