Fernando Del MonteTranscurrieron casi cinco meses para que se buscara una solución digna al problema que representa el campamento migrante, en la zona aledaña a la garita de El Chaparral.
La esperanza que despertó el cambio de gobierno en Estados Unidos, atrajo a centenares de migrantes que huyen de la pobreza y las amenazas de muerte.
Desde un principio el campamento se caracterizó por el hacinamiento y la falta de higiene. En esas condiciones, los migrantes han sido presa fácil, tanto de enfermedades como de los delincuentes, todo ante la mirada pasiva de las autoridades federales y estatales.
En marzo pasado, cuando el improvisado asentamiento tenía ya cinco semanas instalado en ese lugar, en un acto humanitario, el ayuntamiento de Tijuana proporcionó siete baños portátiles para mil 200 personas. Hasta ese momento, los migrantes pagaban a comerciantes de la zona por el uso de sanitarios y regaderas. Unos meses después y todavía sin un plan de atención para este grupo altamente vulnerable, sorpresivamente el delegado único del Gobierno Federal, Alejandro Ruíz Uribe, tomó la decisión de retirar los baños portátiles, bajo el argumento de que no era conveniente darles facilidades, ya que eso podría incentivar la llegada de más migrantes al lugar.
La realidad es que el flujo de migrantes no se detuvo, solamente los obligaron a vivir en condiciones infrahumanas. De poco sirvieron los repetidos llamados de la dirección municipal de Atención al Migrante del Ayuntamiento de Tijuana y defensores de los derechos humanos. Los meses pasaron sin mayor cambio, cientos de migrantes en condiciones precarias, esperando ser recibidos por las autoridades estadounidenses, mientras las mexicanas pretendían que todo estaba bajo control.
Las campañas proselitistas y la jornada electoral, que se desarrollaron al mismo tiempo en que se enfrenta la pandemia y se vacuna a la población contra la COVID-19, desviaron la atención del gobierno local hacia temas políticamente más redituables. Los migrantes no votan.
Para finales de junio, un brote de varicela en El Chaparral y otros albergues para personas en tránsito, volvió a llamar la atención de los medios de comunicación, lo que provocó la reacción de la Secretaría de Salud del Estado y el gobierno federal. Según lo anunciado, y ante la posibilidad de que se reabra la frontera antes de que concluya el mes de julio, los migrantes asentados en El Chaparral podrían ser trasladados esta semana a un par de albergues, uno de ellos en el centro de la ciudad.
Siguiendo fielmente la línea de gobierno del presidente López Obrador, el delegado único en Baja California explicó que los migrantes no serán desalojados por la fuerza, sino que tratarán de convencerlos de que su situación mejorará y que permanecerán cerca del cruce internacional. Ya veremos.
Lo que podemos advertir es que el reto de enfrentar la pandemia y la vacunación masiva contra la COVID-19, con todas las complicaciones que el proceso implica, ha sido de tal magnitud que por momentos el gobierno estatal se ha visto rebasado, desatendiendo otras necesidades sanitarias, como las que requieren los albergues para migrantes y la persistente y ya histórica escasez de medicamentos.